Maldita-bendita Ley de Oferta y de la Demanda ¿Qué hacer con los especuladores?
En épocas de crisis de escasez de productos, el fantasma de la intervención en los precios llama siempre a nuestra puerta. Sin embargo, ya nuestro pasado y la teoría nos ofrecen importantes enseñanzas.
Cajamarquilla, a tan solo 20 minutos del centro de Lima, es una de las poblaciones más afectadas por los huaicos. Las casas, que no pasan de ser cuatro paredes de material noble, han sido cubiertas hasta las 3/4 partes de lodo y las personas lo han perdido absolutamente todo, de lo muy poco que tenían. Sin luz, vestimenta, alimentos y agua, estas personas están a la merced de la ayuda del gobierno y de los voluntarios.
En este contexto, pobladores, con justa razón, se quejan de que a unos metros, algunas personas estaban vendiendo a S/. 5 el medio litro de agua de caño. No lo podíamos creer. En ese momento, cómo a muchos de los presentes, nos saltó a la cabeza la vieja idea de la intervención estatal de los precios, al menos en la venta de agua.
Y es que es verdad. ¿A quién no se le ha ocurrido que puede ser una buena idea que el gobierno fije el precio del agua? ¿Por qué no sacar un promedio de los precios históricos durante las últimas dos semanas y fijar el resultado como un precio tope como medida de emergencia durante las próximas dos semanas?
Si bien parecen fines loables y sobre todo razonables, ya la historia en nuestro país y la teoría nos ha enseñado que este tipo de medidas no son las más adecuadas.
En efecto, gracias a la política de fijación de precios del gobierno Aprista de los ochenta, la escasez en todos los mercados era muy común. Por ello, existían largas colas para comprar pan, arroz, leche, etc. Ello es porque la fijación estatal de precios genera más escasez de la que hay en un mercado no regulado en precios. Por ejemplo, cuando se fija mediante una ley los precios del agua de mesa por debajo del precio de mercado, genera que muchas personas con mayores recursos tiendan a acaparar el agua existente puesto que está barata. Ello, en lugar de buscar fuentes alternativas como hervir el agua potable o simplemente racionalizar su consumo. En este contexto, las personas de escasos recursos son los más afectados porque tendrán menos oferta disponible.
¿Qué hacemos entonces? ¡Maldita Ley de la Oferta y la Demanda! -podrán decir. Lo cierto es que la Ley de la Oferta y la Demanda lo único que hace es explicarnos que ante la escasez de los bienes, estos tienden a ser más valorados por las personas. Si es que una pareja se casara todos los meses, entonces el matrimonio no sería un evento tan especial.
Además, los precios no fijados por ley cumplen una función importante: nos indican cuáles son los bienes y servicios más urgentes y valorados en determinado momento. Si los precios están altos, entonces ello llama a invertir en dicho negocio porque hay consumidores que están valorando los bienes de sobremanera. Ello, también funciona viceversa. Si no fuera por los precios libres, por ejemplo, los empresarios no sabrían si dedicar recursos a la producción de reproductores de VHS o a la de reproductores de Blu-ray.
Las leyes económicas solo buscan explicar el comportamiento de los agentes de mercado, sean estos multinacionales, bodegas o vendedores de a pie. La Ley de la Oferta y la Demanda de ninguna manera justifica si es que determinado incremento está bien o está mal. Somos los consumidores que, quienes con nuestras decisiones de compra o no compra, premiamos o castigamos -aunque inconscientemente- a quién especuló en determinado precio.
¿Qué podemos hacer? La Ley de la Oferta y la Demanda también nos brinda una idea. En el mercado, los precios son uno de los factores que tomamos en cuenta para comprar un producto. No obstante, no es el único factor y quizá no es el más relevante. Por ejemplo, a veces preferimos un teléfono más sofisticado y caro aunque su batería dure menos a uno más anticuado y barato con una gran batería. Otras veces preferimos comprar un turrón más caro hecho por los niños de Fe y Alegría a otros más baratos producidos a gran escala.
Ello sucede porque en nuestras decisiones de compra ponemos todas las cualidades que valoramos del bien o servicio o de quien lo ofrece. De esta manera, si es que determinada persona o empresa incrementa los precios de sus bienes y servicios en situaciones de emergencia o cuando estos están siendo altamente valorados, podemos privilegiar en nuestras decisiones de compra presentes o futuras los niveles de solidaridad. Esto es lo que en economía se llama, "soberanía del consumidor".
Por ello, en lugar de solicitar la intervención del gobierno en la fijación de precios, lo cual puede traer consecuencias contraproducentes, hagamos ejercicio de nuestra soberanía como consumidores, decidiendo a quién comprarle y a quién no, buscando productos o servicios alternativos, evitando muestras de odio generalizadas a determinados países o fomentando actividades delictivas. Así, podemos dar el mensaje en el mercado de que los consumidores valoran los niveles de solidaridad de las empresas de manera que estas puedan ofrecer dicha cualidad a la ciudadanía.